Muchas páginas se han escrito en las últimas semanas sobre los dineros y las cuentas de la Iglesia Católica. Lamentablemente, junto con datos correctos, las informaciones contienen imprecisiones, incorrecciones y, por qué no decirlo, falsedades manifiestas. Tengo la impresión de que algunos diarios de gran tirada pretenden atacar la credibilidad de la Iglesia con el sensacionalismo barato y aparecen con frecuencia faltos de profesionalidad en el tratamiento de temas financieros y económicos. Dicen cosas que son falsas y construyen grandes shows con medias verdades, que carecen de entidad para ser noticia. Por ejemplo, en el caso de Gescartera las instituciones de la Iglesia implicadas en el tema han sido simples víctimas de la actuación de un falso intermediario financiero que engañó a dos docenas de administradores honrados que actuaban de buena fe y que buscaban una mejor rentabilidad del patrimonio o dineros que gestionaban. ¿Qué hay de malo o de inmoral en todo esto?

El mismo tema de la Diócesis de Valladolid. Han existido informaciones que han presentado la cantidad de mil millones como contrasigno de la pobreza de la Iglesia y argumento para presentar a la Iglesia como voraz, usurera y concentradora de capitales en un tono lleno de escándalos y han hecho pasar al ecónomo diocesano por toda clase de humillaciones y vejaciones, cuando se trata de un hombre fiel, riguroso, bueno y hombre de fe siguiendo los pasos del Evangelio en todos sus actos y en toda su vida.

Cuando se publica en primera página «La Iglesia perdió más de 2,5 millones de euros en sus inversiones en Bolsa». La información es falsa, simplemente porque la Iglesia, como ente patrimonial único no existe. Lo que existen son instituciones que gozan de la personalidad que les otorga la legislación canónica (67 Diócesis, cientos de Órdenes y Congregaciones religiosas, 23.000 parroquias, más de 14.000 Asociaciones y Fundaciones). Todas estas entidades tienen su autonomía total, de manera que resulta absurdo hablar de la Iglesia en su conjunto, y menos que 2 ó 3 entidades sean las que representen al conjunto. Hay una fuerte corriente de opinión que quiere imponer a las Instituciones de la Iglesia el hecho de que no dispongan de ningún tipo de inversión, ya que si obtienen rendimientos se trataría de especulación y si, coyunturalmente, hay pérdidas, se está malgastando el dinero.

La segunda imputación grave es apelar a las supuestas ventajas fiscales de la Iglesia. También sobre esto se han escrito muchas tonterías. Todas las instituciones religiosas son sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades y, por tanto, están obligadas a su elaboración por aquellos ingresos que no forman parte de su actividad religiosa (explotaciones económicas, cesión de patrimonio a terceros e incremento de patrimonio). Sobre estos ingresos, pagan el10 por ciento, deducidos los gastos afectos a estas actividades (el mismo porcentaje que cualquier fundación civil). Las declaraciones fiscales de las Instituciones de la Iglesia son revisadas con relativa frecuencia por Hacienda, comprobando que se ha tributado de acuerdo con la legalidad, sin privilegios extraordinarios.

La tercera imputación falsa tiene que ver con el origen de los fondos de la Iglesia. También en este tema no tienen nada que ocultar. Tres son las fuentes de recursos de la Iglesia:
 

- Las aportaciones directas de los fieles, ya para financiar las actividades generales de la Iglesia, ya para cubrir un fin específico.

- Las cantidades percibidas de las Administraciones Públicas. Ya sea por la asignación tributaria, ya por otras ayudas para rehabilitación de templos, etcétera.

- Los fondos procedentes del patrimonio de la propia Iglesia. Esta fuente, cuya importancia cuantitativa es pequeña, está sometida a un control fiscal y contable equivalente al de cualquier otra entidad civil. Mientras que los donativos no están sujetos a tributación, los fondos procedentes del patrimonio mantienen una contabilidad separada y son informados a Hacienda a través de los Estados financieros que se presentan en el Impuesto sobre Sociedades.

Los recursos que posee la Iglesia los destina al cumplimiento de sus fines establecidos canónicamente y reconocidos por la autoridad civil (mantenimiento de los clérigos, mantenimiento del culto, apostolado y caridad). Algunos fondos, como la asignación tributaria, se destinan fundamentalmente a las finalidades primarias de las Diócesis, como el mantenimiento de los sacerdotes y de los templos.

Por otra parte, existen en muchas diócesis fondos con finalidades específicas que tienen un carácter indisponible, es decir, que no pueden ser empleados en ninguna otra finalidad, sino que únicamente se dispone de sus rendimientos. Tras siglos de tradición, es lógico que en algunas Diócesis existan gran cantidad de fundaciones de esta naturaleza que, aunque aisladamente manejan muy pocos recursos, la suma de todas ellas, supongan cifras significativas. También en este aspecto se ha hecho mucha demagogia barata. Algunas actividades de la Iglesia están condicionadas, precisamente, al rendimiento que se obtenga de esos recursos. No es de extrañar, en consecuencia, que los Administradores, en función de los actuales instrumentos de inversión y siempre bajo los criterios de seguridad y moralidad, ateniéndose a la legalidad vigente, intenten buscar aquellos productos que permitan obtener un adecuado rendimiento para aplicarlo a los fines propios establecidos.

En este punto, resulta lamentable la campaña que algunos han realizado caricaturizando a los administradores como especuladores que manejan dinero de dudosa procedencia. La realidad es exactamente la inversa. Los administradores diocesanos y, en especial, aquellos cuyas Diócesis han salido a los medios, son hombres de probada virtud y fidelidad a la Iglesia, que han actuado siempre de buena fe, buscando en todo momento la recta aplicación de los recursos de la Iglesia.

Otra imputación que se realiza tiene que ver con la rendición de cuentas y el control del dinero que recibe la Iglesia de la Administración Pública. También sobre esto se han dicho y escrito muchos cuentos. El dinero que recibe la Iglesia de la asignación tributaria no es una subvención del Estado, sino la entrega de aquella parte del IRPF que los contribuyentes deciden asignar de sus impuestos para colaborar con la Iglesia.

Solo una mala instrumentación técnica, que esperamos que se resuelva en breve, hace que el Estado tenga que completar la misma hasta cumplir sus compromisos. El presupuesto de aplicación de ese dinero, que se aprueba por la Asamblea Plenaria de Obispos, se presenta públicamente en rueda de prensa. Aprobado el presupuesto, el mismo día de cada mes, se recibe en la Conferencia Episcopal el dinero, se entrega a sus destinatarios (las Diócesis, fundamentalmente). A final de año, se elabora la liquidación y se remite la Memoria contable justificativa a la Dirección General de Asuntos Religiosos, del Ministerio de Justicia. En consecuencia, afirmar que el dinero de la Iglesia no rinde cuentas es, sencillamente, engañar a la opinión pública.

Por otra parte, siempre que cualquier entidad eclesiástica percibe subvenciones públicas para cualquier actividad, está afecta al control financiero establecido en la ley General Presupuestaria. En este campo contable, por último, se están dando pasos importantes en aras de la transparencia. De hecho, la gran mayoría de las instituciones, parroquias, etcétera, publican periódicamente sus cuentas, como una manera ordinaria de comunicar a sus fieles qué dinero han obtenido y cómo se han aplicado, con total naturalidad.